En el complejo ecosistema de la atracción de capital global, existen dos variables que los inversionistas priorizan por encima de casi cualquier incentivo contributivo: la previsibilidad y la certeza jurídica. Ninguna junta de directores aprueba una inversión millonaria a largo plazo si no puede proyectar, con un margen razonable de error, sus costos operativos estructurales.

Por esta razón, el actual debate en torno al Proyecto de la Cámara 1115 y el rol de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo trasciende la mera discusión laboral. Lo que está en juego es el diseño de un modelo económico: ¿Debe Puerto Rico delegar decisiones macroeconómicas críticas a un ente burocrático no electo, o debe este poder regresar a los canales democráticos tradicionales donde impera el contrapeso político y la rendición de cuentas?

Desde la perspectiva del desarrollo de negocios, delegar la facultad de decretar aumentos salariales a una comisión ajena al escrutinio de las urnas genera un ambiente de alta incertidumbre, convirtiéndose en un obstáculo silencioso pero letal para la competitividad de la isla.

El peligro de la micro-representación: 5 personas deciden por todo un país

El argumento principal a favor de la actual Comisión es que supuestamente representa a todos los sectores. Sin embargo, al analizar su estructura, la realidad es muy distinta y preocupante para el sector productivo. Hablamos de un cuerpo compuesto por tan solo cinco personas. Que el destino financiero de miles de empresas y el rumbo macroeconómico de un país dependan del criterio de un grupo tan reducido ya es, de por sí, un riesgo regulatorio mayúsculo.

Pero el dato más alarmante para el clima de inversión es la alarmante falta de balance en su composición: de esos cinco integrantes, solo uno representa legítimamente al sector comerciante.

Esta asimetría matemática es una receta para la desconexión. Es matemáticamente imposible que una sola persona logre personificar y defender la diversidad y complejidad del ecosistema empresarial de Puerto Rico. No es lo mismo el margen de ganancia de una corporación multinacional en la zona metropolitana, que el de un comerciante nativo que opera una farmacia de comunidad, un restaurante familiar o una pequeña agencia de servicios en el interior de la isla. Al dejar al comercio en una perpetua minoría de uno contra cuatro, las decisiones corren el riesgo de tomarse en una torre de marfil teórica, dictaminando incrementos basados en modelos económicos ideales que ignoran la realidad de quienes arriesgan su capital y pagan nóminas cada quincena.

Falta de legitimidad democrática y rendición de cuentas

El principio fundamental de «no hay tributación sin representación» es perfectamente aplicable a la fijación de salarios mínimos. Cuando la Asamblea Legislativa asume su rol constitucional de evaluar y decretar los umbrales salariales, los ciudadanos y los empresarios saben exactamente a quién pedir cuentas. Si un legislador aprueba una medida que asfixia a las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) o que deprime el empleo, se enfrenta al juicio inapelable de sus electores en los siguientes comicios.

Un ente de cinco personas no electas carece de este cordón umbilical con el bienestar público real. Al no tener que responder a los electores, sus determinaciones se convierten en un escenario de «caja negra» para el inversionista. Si un empresario no puede prever cuándo ni cuánto aumentará su nómina por un decreto administrativo de un comité menor, la reacción natural no es asumir el riesgo, sino congelar las contrataciones, posponer la expansión o desviar el capital hacia jurisdicciones con marcos regulatorios más estables.

Un ambiente adverso para el desarrollo empresarial

Calificar el ambiente actual como «tóxico» para los negocios refleja fielmente el sentir de un sector privado que se siente doblemente acorralado: por un lado, por los altos costos energéticos y la burocracia impositiva, y por el otro, por la amenaza de choques salariales imprevistos dictados por una minoría no electa.

La libre empresa no se opone a que los trabajadores ganen más; de hecho, la propia dinámica del mercado y la escasez de mano de obra ya han obligado a miles de patronos a pagar por encima del mínimo legal para retener talento. A lo que se opone el comercio es a la arbitrariedad y a la falta de voz en los procesos que deciden su supervivencia.

Conclusión

Puerto Rico no puede permitirse proyectar una imagen de inestabilidad y desequilibrio regulatorio. Devolver la facultad exclusiva de los aumentos salariales a la Asamblea Legislativa —como propone el PC 1115— no es un intento de congelar los ingresos de la clase trabajadora, sino un acto de ordenamiento constitucional, sensatez y madurez económica.

Para que la isla sea un destino atractivo y seguro para la inversión, las decisiones que alteran el rumbo de nuestra economía deben tomarse con la máxima transparencia, bajo el sol de la discusión pública y por los líderes que el pueblo soberanamente eligió para gobernar, no por un comité de cinco personas donde el motor de la economía apenas tiene un asiento.