En el complejo ecosistema de la atracción de capital global, existen dos variables que los inversionistas priorizan por encima de casi cualquier incentivo contributivo: la previsibilidad y la certeza jurídica. Ninguna junta de directores aprueba una inversión millonaria a largo plazo si no puede proyectar, con un margen razonable de error, sus costos operativos estructurales.
Por esta razón, el actual debate en torno al Proyecto de la Cámara 1115 y el rol de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo trasciende la mera discusión laboral. Lo que está en juego es el diseño de un modelo económico: ¿Debe Puerto Rico delegar decisiones macroeconómicas críticas a un ente burocrático no electo, o debe este poder regresar a los canales democráticos tradicionales donde impera el contrapeso político y la rendición de cuentas?
Desde la perspectiva del desarrollo de negocios, delegar la facultad de decretar aumentos salariales a una comisión ajena al escrutinio de las urnas genera un ambiente de alta incertidumbre, convirtiéndose en un obstáculo silencioso pero letal para la competitividad de la isla.