La invasión de Ceuta acaba de entrar en un terreno político y jurídico considerablemente más serio.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció este sábado 8 de agosto que su partido promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución española para exigir posibles responsabilidades penales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a miembros de su Ejecutivo por delitos de traición o contra la seguridad del Estado relacionados con la reciente crisis migratoria en Ceuta.

No estamos hablando simplemente de otra moción parlamentaria o de una nueva petición para que Sánchez dimita.

Vox está invocando uno de los mecanismos constitucionales más extraordinarios existentes para investigar penalmente a un presidente del Gobierno.

¿Qué dice realmente el artículo 102?

La Constitución española establece que la responsabilidad penal del presidente y de los demás miembros del Gobierno corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Pero cuando la posible acusación es por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos durante el ejercicio de sus funciones, el procedimiento tiene requisitos extraordinarios.

El artículo 102 establece que la iniciativa debe partir de al menos una cuarta parte de los diputados del Congreso y posteriormente recibir el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara.

Vox quiere que el Congreso active el mecanismo constitucional que permitiría iniciar ese camino.

La diferencia jurídica es importante.

Políticamente, sin embargo, la acusación es extraordinariamente grave.

La crisis de Ceuta detrás de la iniciativa

Vox relaciona su petición con la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta y sostiene que existen circunstancias suficientemente graves como para investigar la actuación del Gobierno.

La formación afirma que los acontecimientos podrían constituir delitos contra la seguridad del Estado y considera necesario esclarecer qué información poseía previamente el Ejecutivo y cómo respondió ante la crisis.

Abascal ya había elevado considerablemente sus críticas contra Sánchez durante los últimos días, acusándolo políticamente de traición y cuestionando la actuación del Gobierno durante los acontecimientos en la ciudad autónoma.

Aquí aparece el gran obstáculo para Vox.

La Constitución exige que una cuarta parte de los diputados impulse inicialmente una acusación de esta naturaleza.

El Congreso tiene 350 diputados, lo que significa que serían necesarios al menos 88 parlamentarios para poner en marcha la iniciativa.

Vox no dispone por sí solo de esos votos.

Y aunque consiguiera superar esa primera barrera, necesitaría posteriormente una mayoría absoluta del Congreso, es decir, al menos 176 diputados, para aprobar la acusación.

Por tanto, el Partido Popular tendría inevitablemente un papel decisivo.

Sin el respaldo de buena parte de los diputados populares, la propuesta difícilmente podría avanzar.

El movimiento también coloca presión sobre el Partido Popular

Y probablemente aquí se encuentra una de las consecuencias políticas más interesantes de la iniciativa.

Abascal no solamente está confrontando a Pedro Sánchez.

También está obligando indirectamente al Partido Popular a posicionarse.

Vox lleva años argumentando que la oposición tradicional ha sido demasiado moderada frente al Gobierno socialista. Llevar al Congreso una propuesta relacionada con el artículo 102 permite a Abascal plantear una pregunta incómoda al PP:

Si consideran que las actuaciones de Sánchez han sido tan graves como frecuentemente denuncian, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Esa batalla dentro del propio espacio político de la derecha española puede terminar siendo casi tan importante como el procedimiento contra Sánchez.

Pero independientemente de que Vox consiga o no los votos necesarios, algo ha cambiado.

La oposición encabezada por Abascal ya no está hablando solamente de responsabilidad política.

Está planteando posibles responsabilidades penales del presidente del Gobierno relacionadas con la seguridad del Estado.

Eso sitúa el enfrentamiento entre Vox y Pedro Sánchez en un terreno completamente diferente.

Ahora habrá que ver qué documentación presenta Vox, cuál será la posición del Partido Popular y, sobre todo, si la iniciativa consigue alguna posibilidad real de alcanzar los números requeridos constitucionalmente.

Porque para Santiago Abascal la acusación está clara.