La Junta de Control Fiscal (JCF) llegó a Puerto Rico bajo la promesa de disciplina, transparencia y responsabilidad. Se presentó como el remedio técnico a una crisis fiscal histórica. Una entidad “independiente”, supuestamente blindada contra la politiquería local.

Pero con el paso de los años, la realidad que emerge es más incómoda: conflictos de interés recurrentes, puertas giratorias entre el sector público y privado, y contrataciones que levantan serias dudas sobre a quién realmente responde la estructura que controla las finanzas del país.

La red de intereses

No hablamos de incidentes aislados. Hablamos de patrones. Bufetes con historial de cabildeo asesorando a la Junta mientras representan clientes con intereses ante el Gobierno. Exfuncionarios que transitan entre posiciones públicas y privadas sin periodos de enfriamiento claros. Consultores que operan en espacios donde la línea entre asesoría técnica e influencia estratégica es demasiado fina.

Cuando las reglas permiten amplios márgenes de interpretación, el conflicto no desaparece: se normaliza.

Una estructura costosa pagada por el pueblo

Hay un dato que no puede ignorarse: la Junta no la paga Washington. La paga Puerto Rico.

Cada salario, cada contrato legal, cada consultoría externa sale del erario puertorriqueño. En medio de recortes presupuestarios, reducción de servicios esenciales y medidas de austeridad impuestas al país, la estructura que dicta esas medidas opera con presupuestos significativos y honorarios que suman cientos de millones de dólares desde su creación.

La contradicción es evidente: se exige sacrificio al pueblo mientras el organismo que impone ese sacrificio mantiene una maquinaria costosa y rodeada de cuestionamientos éticos.

¿Quién fiscaliza al fiscalizador?

La Junta ejerce poderes extraordinarios sobre el presupuesto, la legislación fiscal y las prioridades económicas de Puerto Rico, sin haber sido electa por su ciudadanía. Su legitimidad descansa, en teoría, en su independencia.

Pero la independencia no se proclama; se demuestra.

Y cuando surgen señalamientos reiterados de conflictos de interés, la confianza pública se erosiona. No basta con códigos de ética internos ni con requisitos mínimos de divulgación. Se requieren mecanismos de auditoría verdaderamente independientes y consecuencias claras cuando se cruzan líneas éticas.

El problema es estructural

El debate no es partidista. Es institucional.

Si el ente encargado de imponer disciplina fiscal opera dentro de una red de relaciones privadas y contrataciones cuestionadas, entonces el modelo mismo de supervisión queda bajo sospecha.

Puerto Rico merece transparencia real, no aparente. Merece supervisión sin vínculos cruzados. Y merece saber, con claridad, por qué una estructura tan costosa continúa generando dudas sobre su integridad.

Porque al final, la factura la paga el pueblo. Y el pueblo tiene derecho a exigir respuestas.