En los últimos días se ha generado una controversia pública en Puerto Rico en torno a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras surgir señalamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas vinculadas a un centro de inspección vehicular en el municipio de Yabucoa.
La situación ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y mediáticos, aumentando el escrutinio público sobre la funcionaria y su vínculo con el negocio señalado.
¿Qué se alega?
Según reportes periodísticos, el centro de inspección vehicular —identificado como Tabucoa Auto Service HM— estaría registrado a nombre de la secretaria en documentos oficiales de permisos. El establecimiento habría sido objeto de una auditoría por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Entre las alegaciones que han trascendido se incluyen supuestas irregularidades relacionadas con la venta de marbetes y certificados de inspección, así como presuntas inconsistencias en los registros administrativos. Como resultado de la auditoría, el permiso de operación del centro habría sido revocado.
Es importante destacar que, hasta el momento, los señalamientos se encuentran en el ámbito administrativo y mediático, y no se ha informado públicamente sobre la radicación de cargos criminales relacionados con el caso.
Respuesta de la secretaria de Vivienda
La secretaria Ciary Pérez Peña ha rechazado las imputaciones, calificándolas como falsas y difamatorias. En declaraciones públicas, sostuvo que se trata de señalamientos sin fundamento y retó a que cualquier acusación sea presentada formalmente ante las agencias correspondientes.
Además, señaló que algunas versiones difundidas en medios no reflejan la totalidad de los hechos y afirmó que está dispuesta a responder en los foros pertinentes si se inicia algún proceso oficial.
Posición de La Fortaleza
Desde La Fortaleza, funcionarios han indicado que la secretaria no mantiene actualmente vínculo operacional con el negocio en cuestión, aunque documentos públicos reflejan su nombre en registros relacionados con el permiso único.
La administración ha expresado que la funcionaria tendrá la oportunidad de aclarar cualquier duda en el foro correspondiente y ha reiterado que, hasta el momento, no existe determinación oficial que establezca responsabilidad legal.
Impacto y debate público
La controversia ha reavivado el debate sobre varios temas clave:
- La transparencia en la relación entre funcionarios públicos y actividades empresariales privadas.
- La importancia de la fiscalización administrativa en negocios regulados por el gobierno.
- El rol de los medios de comunicación en la divulgación de señalamientos antes de que se completen procesos investigativos formales.
Para muchos ciudadanos, este tipo de controversias subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y asegurar que todo señalamiento sea investigado con rigor y objetividad.
¿Qué podría ocurrir ahora?
El desarrollo del caso dependerá de si se presentan querellas formales ante las agencias fiscalizadoras correspondientes y de los hallazgos que puedan surgir de cualquier investigación administrativa o legislativa.
Mientras tanto, la situación continúa bajo evaluación pública y mediática, en espera de información oficial adicional que permita esclarecer los hechos.
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