La Junta de Control Fiscal (JCF) llegó a Puerto Rico bajo la promesa de disciplina, transparencia y responsabilidad. Se presentó como el remedio técnico a una crisis fiscal histórica. Una entidad “independiente”, supuestamente blindada contra la politiquería local.
Pero con el paso de los años, la realidad que emerge es más incómoda: conflictos de interés recurrentes, puertas giratorias entre el sector público y privado, y contrataciones que levantan serias dudas sobre a quién realmente responde la estructura que controla las finanzas del país.
La red de intereses
No hablamos de incidentes aislados. Hablamos de patrones. Bufetes con historial de cabildeo asesorando a la Junta mientras representan clientes con intereses ante el Gobierno. Exfuncionarios que transitan entre posiciones públicas y privadas sin periodos de enfriamiento claros. Consultores que operan en espacios donde la línea entre asesoría técnica e influencia estratégica es demasiado fina.